Facebook ha sido acusada de múltiples infracciones de la ley de protección al consumidor de la Unión Europea por sus continuos intentos de obligar a los usuarios de WhatsApp a aceptar los controvertidos cambios en los términos y condiciones de uso de su plataforma de mensajería. Entre las «tácticas» que empleó la compañía para tal fin, está amenazar a los usuarios con que la aplicación dejaría de funcionar si no aceptaban las nuevas políticas antes del 15 de mayo.
La Organización Europea de Consumidores (BEUC), comunicó ayer que ha presentado una queja, junto con ocho de sus organizaciones miembros, ante la Comisión Europea y la red europea de autoridades del consumidor.
«La queja se debe primero a las notificaciones persistentes, recurrentes e intrusivas que empujan a los usuarios a aceptar las actualizaciones de las políticas de WhatsApp», escribió en el comunicado de prensa.
«El contenido de estas notificaciones, su naturaleza, oportunidad y repetición ejercen una presión indebida sobre los usuarios y menoscaban su libertad de elección. Como tales, son una violación de la Directiva de la UE sobre Prácticas Comerciales Desleales», añade.
WhatsApp relajó la fecha límite para aceptar las nuevas condiciones, pero sigue insistiendo
Después de avisar a los usuarios que las notificaciones sobre la necesidad de aceptar las nuevas políticas se volverían persistentes, interfiriendo así con su capacidad para usar el servicio, WhatsApp dio marcha atrás en la fecha límite que estableció y, semanas después, comunicó que no limitaría las funciones a los usuarios que decidieran no aceptar las nuevas condiciones de uso.
Sin embargo, la aplicación sigue presionando a los usuarios para que acepten la actualización, sin la opción de no hacerlo. Los usuarios pueden cerrar la solicitud de aceptar las nuevas políticas pero no pueden rechazar los nuevos términos o cancelar la solicitud de aceptación, ya que al volver a abrir la aplicación se sigue mostrando una pantalla emergente pidiéndoles que acepten las nuevas condiciones.
«Además, la denuncia resalta la opacidad de los nuevos términos y el hecho de que WhatsApp no ha logrado explicar en un lenguaje sencillo e inteligible la naturaleza de los cambios», prosiguió la BEUC. «Es básicamente imposible para los consumidores tener una idea clara de las consecuencias que los cambios de WhatsApp conllevan para su privacidad, particularmente en relación con la transferencia de sus datos personales a Facebook y otros terceros. Esta ambigüedad equivale a una infracción de la legislación sobre consumidores de la UE que obliga a las empresas a utilizar términos contractuales y comunicaciones comerciales claros y transparentes», detalla la BEUC.
La BEUC insta a los reguladores de privacidad europeos a unirse a la causa
La organización señaló que las actualizaciones de las políticas de WhatsApp permanecen bajo investigación por los reguladores de privacidad en Europa. Por tanto, este sería otro factor que hace que los «agresivos» intentos de Facebook para que los usuarios acepten las nuevas políticas sean altamente inapropiados.
Y aunque esta queja centrada en la legislación del consumidor es independiente de los problemas de privacidad que también señala la BEUC, y que están siendo investigadas por las autoridades de protección de datos de la Unión Europea, la organización ha pedido a esos reguladores que aceleren sus investigaciones, añadiendo: «Instamos a la red europea de autoridades de los consumidores y la red de autoridades de protección de datos para trabajar en estrecha cooperación en estos temas».
La BEUC ha elaborado un informe en el que expone con más detalle sus preocupaciones sobre el cambio en los términos y condiciones de servicio de WhatsApp, donde ataca la «opacidad» de las nuevas políticas, afirmando además:
«WhatsApp sigue siendo muy vaga sobre las secciones que ha eliminado y las que ha añadido. Depende de los usuarios buscar esta información por sí mismos. En última instancia, es casi imposible para los usuarios comprender claramente qué es nuevo y qué se ha modificado. La opacidad de las nuevas políticas infringe el artículo 5 de la UCTD [Directiva sobre condiciones contractuales abusivas] y también es una práctica engañosa y desleal prohibida por los artículos 5 y 6 de la UCPD [Directiva sobre prácticas comerciales desleales]».
Imagen de Webster2703 en Pixabay
