La Asociación de Medios de Información (AMI) ha demandado a Meta por incumplir el Reglamento Europeo de Protección de Datos. El gigante de las redes sociales ha vuelto a ser acusado de rastrear a los usuarios sin su consentimiento con fines publicitarios. En esta ocasión, el conglomerado de medios españoles reclama una sanción de más de 550 millones de euros.
Sin duda, Meta es una de las mayores generadoras de litigios legales, especialmente en materia de privacidad. Últimamente, está encadenando una polémica tras otra. Este año, ha sido especialmente duro para la compañía de Mark Zuckerberg en el territorio europeo. En 2024, entrarán en vigor la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales, dos normativas que, por un lado, quieren poner los derechos de los usuarios en el centro y, por otro, acabar con las prácticas monopolísticas
El 6 de septiembre, la Unión Europea designó a Meta como uno de los “guardianes de acceso”, lo que implica que debe tomar medidas urgentes para poder cumplir con la nueva legislación a tiempo. Una de esas medidas supone que, entre otras cosas, WhatsApp deberá ser interoperable con otras aplicaciones de mensajería. Y, como ya vimos, parece que el gigante de las redes sociales ya planea hacerlo introduciendo una sección para chats de terceros en la app.
La presión de la Unión Europea
Pero ni mucho menos acaba ahí la cosa. Como decimos, la UE se ha convertido en la horma del zapato de Zuckerberg. El creador de Facebook quiere adaptar sus plataformas a las políticas europeas, pero también anda con pies de plomo para evitar más problemas, sobre todo en lo que a la privacidad se refiere.
El mayor ejemplo lo encontramos en Threads, su nueva alternativa a X (más conocido como Twitter). Y es que mientras que la plataforma ya está disponible en la mayor parte del mundo, aún no está presente Europa por sus posibles problemas legales. No obstante, no hay duda de que acabará llegando, teniendo en cuenta que, según Zuckerberg, “Europa sigue siendo un mercado increíblemente importante para Meta”.
Y es entendible que actúe con cautela. En mayo de este año, Meta fue condenada a pagar a la UE la mayor multa en materia de protección de datos: 1.200 millones de euros por transferir “sistemáticamente” los datos de los usuarios europeos a Estados Unidos.
Sin embargo, tras esa demanda, también le esperaban unos cuantos toques de atención por parte de las instituciones del viejo continente. Uno de esos reproches tiene que ver con el seguimiento que sus plataformas hacen de los usuarios con fines publicitarios. La UE le indicó que, para poder realizar ese rastreo, era imprescindible el consentimiento expreso de los usuarios.
La respuesta de Meta no se hizo esperar demasiado. Por un lado, anunciaron que habilitarían una opción para que los usuarios de la zona euro puedan otorgar su consentimiento para ser rastreados; y por otro, que Facebook e Instagram incluirán una versión sin anuncios y, por tanto, sin seguimiento, pero que será de pago. Algo lógico, teniendo en cuenta que la publicidad es uno de los principales sustentos de la compañía.
La historia se repite
No obstante, cuando parecía que las aguas volvían a estar tranquilas en este sentido, ahora la historia vuelve a repetirse. Y es que la Asociación de Medios de Información (AMI) ha presentado una demanda, en nombre de 83 medios españoles, por su “sistemático” y “masivo” incumplimiento del RGPD.
Los demandantes sostienen que, en el periodo comprendido entre el 25 de mayo de 2018 y el 31 de julio de 2023, la tecnológica rastreó ilegalmente a los usuarios con fines publicitarios. ¿En qué se basan? Pues bien, como comentamos, la normativa exige que los usuarios deben consentir expresamente la utilización de sus datos para mostrarles publicidad dirigida y, según ellos, dicho consentimiento brilla por su ausencia.
Como decimos, la querella llega un tiempo después de las advertencias de la UE con respecto a la misma cuestión. De hecho, los demandantes se han tenido que retrotraer en el tiempo hasta julio de 2023, justo un mes antes de que Meta realizará su comunicado anunciando que los usuarios europeos podrían otorgar o revocar su consentimiento para la publicidad dirigida.
En la demanda, hacen hincapié en que el 100% de los beneficios de Meta derivados de la publicidad segmentada “han sido obtenidos de una forma ilegítima”, al no contar con el consentimiento de los usuarios por aquel entonces.
Por su parte, José Joly, presidente de AMI, asegura que este tipo de comportamientos de la compañía “ponen en jaque la supervivencia de los medios de información, fundamentales para la calidad democrática de un país”. Por todo ello, reclaman una sanción a la compañía de más de 550 millones de euros.
Imagen de Mariia Shalabaieva en Unsplash
