El último trámite necesario, la aprobación del Senado, fue superado la pasada semana. Y hoy, con su publicación en el BOE, la Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales ya es una realidad que entrará en vigor dentro de tres meses, el 16 de enero. Las tecnológicas afectadas por la Tasa Google tendrán que pagar el 3% de sus ingresos por determinados servicios digitales. Se estima que la recaudación anual para las arcas estatales será de unos 970 millones de euros.
Sin acuerdo en la OCDE para que haya una regulación del impuesto a las grandes tecnológicas a nivel mundial, con los Estados Unidos amenazando con subidas de aranceles por la aplicación de la tasa a sus gigantes del sector, y con otros países europeos como Italia, Reino Unido y Francia legislando también por su cuenta, la tasa Google ya tiene fecha en España. Tras años estudiando cuál era la manera de conseguir que empresas como Google, Apple o Amazon paguen impuestos en los países donde generan ingresos, España ha decidido regular de manera independiente pero señalando que se trata de una ley transitoria a la espera de abrazar la regulación europea o de la OCDE cuando, finalmente, se produzca.
Las actividades que se gravan son los siguientes servicios digitales: la publicidad online, la venta de datos de usuarios y los servicios de intermediación que “permitan a sus usuarios localizar a otros usuarios e interactuar con ellos”, según dice el propio texto de la ley. La tasa a pagar será un 3% de los ingresos de cualquier prestación de estos servicios en territorio español (es decir, cuando el dispositivo que utiliza el servicio está localizado en España). Las empresas afectadas serán las multinacionales cuya facturación tenga un importe neto anual superior a los 750 millones de euros a nivel global, y cuyos ingresos en España por la prestación de los servicios digitales superen los 3 millones de euros. Dicho de otro modo: empresas de envergadura internacional con negocio significativo en España.
La Tasa Google, gran enredo internacional
Naturalmente, las empresas afectadas, incluyendo las grandes compañías tecnológicas estadounidenses, no están demasiado de acuerdo en dejar una parte de sus beneficios a las arcas estatales. Ya el pasado septiembre, Apple, Google y Amazon incrementaron el precio de algunos de sus servicios en países que ya había puesto en marcha la tasa, como el Reino Unido. Tampoco parece convencer a la oposición española, ya que la definitiva aprobación de la ley la semana pasada en el Senado se consiguió con 134 votos a favor, 101 en contra y 28 abstenciones.
El principal partido de la oposición, el PP, no se ha mostrado en contra del impuesto en sí (de hecho, el desarrollo de la tasa ya fue impulsado por el gobierno del PP en 2018), pero sí sobre su adopción de manera unilateral y sin que se produzca en el marco de la UE o la OCDE. Esta es también es la opinión de las grandes tecnológicas, que prefieren una legislación a nivel internacional.
Y después, nos queda un último actor, claro: el gobierno de los Estados Unidos. La administración Trump abandonó la Mesa de Negociación de Fiscalidad Internacional de la OCDE y prefiere realizar una de sus actividades favoritas, subir aranceles. España, Italia, Francia y el Reino Unido son los países a los que EEUU señala en este sentido. En concreto, Francia fue el primer país en aprobar la tasa (pero la ha paralizado en espera de un acuerdo internacional) y Estados Unidos ha amenazado con subir un 25% los aranceles a algunos de sus productos como artículos de lujo y cosméticos.
Ahora, la OCDE prevé que el impuesto global a la economía digital se presente a mediados del 2021 y, a pesar de todo, son optimistas porque consideran que cualquiera de la dos posibles administraciones de Estados Unidos que surjan tras las próximas elecciones saben que el acuerdo global es necesario para no desatar otra guerra comercial en un momento de contracción económica.
