La nueva política de privacidad de WhatsApp, que implica compartir los datos personales con Facebook fuera de la Unión Europea y Reino Unido, ha generado mucha controversia. Pero además, también ha propiciado el oportunismo de diversas empresas y organismos, que están aprovechando la polémica para convencer a los usuarios de que adopten sus propias alternativas. En este caso, es el Gobierno de Turquía (en manos del islamista conservador Recep Tayyip Erdoğan desde hace casi dos décadas) quien pide a los ciudadanos de su país que dejen de usar WhatsApp y que se pasen a la aplicación BiP, propiedad de la empresa Turkcell, controlada por el propio Estado turco con una participación del 26,2%.
Asimismo, estas autoridades han anunciado que los cargos públicos del Gobierno y de la Presidencia de Turquía utilizarán a partir de ahora la mencionada aplicación BiP. Ali Taha Koç, director de la Oficina de Transformación Digital de la Presidencia turca, ha publicado una serie de contundentes mensajes en Twitter atacando a WhatsApp e instando a que los ciudadanos turcos usen BiP. Este político (hijo del exministro Atilla Koç) incluso llega a decir que hay que luchar juntos «contra el fascismo digital», parafraseando al propio Erdogan.
Veri mahremiyeti açısından AB ve diğer ülkeler ayrımı kabul edilemez! Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi’nde de belirttiğimiz gibi yabancı menşeli uygulamalar veri güvenliğine yönelik önemli riskler içeriyor. pic.twitter.com/xqRIRo5WCX
— Ali Taha Koç (@AliTahaKoc) January 9, 2021
Guerra contra WhatsApp y las redes sociales en Turquía
Sin embargo, la cruzada del Gobierno turco contra WhatsApp viene de lejos, y se remonta a mucho antes de las nuevas condiciones del servicio. De hecho, hace meses ya pidió a los funcionarios del país que dejasen de utilizar aplicaciones de mensajería extranjeras como WhatsApp y Telegram.
Es importante tener en cuenta que las autoridades de este país han bloqueado de forma temporal el uso de WhatsApp en diversas ocasiones desde hace años, y también de redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram, e incluso de Wikipedia. Normalmente, ese tipo de bloqueos se produce en momentos de tensión política, como ocurrió tras la detención de diputados de la oposición o las intervenciones bélicas en Siria, limitando de esta manera el debate público y el intercambio de ideas en torno a las numerosas acciones autoritarias y antidemocráticas que acumula este Gobierno.
Además, el verano pasado presentaron una nueva ley que otorga un mayor control a las autoridades sobre las redes sociales, y exige que los servidores con información sobre usuarios turcos estén almacenados físicamente en Turquía. Dicha ley ha sido criticada por Amnistía Internacional y otros organismos y activistas, que la consideran un grave instrumento para la censura y contra la libertad y privacidad de los usuarios.
De hecho, el Gobierno lleva años realizando denuncias y detenciones contra usuarios que critican al presidente y a su gabinete en redes sociales, y un mayor control sobre ellas les permite identificar con más facilidad a los disidentes políticos y eliminar los contenidos que no se ajusten a su discurso oficial.
Pero incluso con la nueva y polémica ley, es más sencillo mantener el control férreo de una aplicación nacional como BiP, a cuyos datos y mensajes tiene fácil acceso el Gobierno. Por lo tanto, y pese al oportunismo del contexto actual con las nuevas condiciones de WhatsApp, resulta evidente que el llamamiento a su boicot en Turquía tiene una motivación puramente política, y que sus dirigentes también tienen sus propios motivos para controlar los datos de los usuarios.
