El Gobierno de España avanza en la implementación de una central de medios propia, bajo el control de Moncloa, para gestionar la publicidad institucional. Este organismo concentrará la inversión pública en medios de comunicación según los criterios establecidos por el Ejecutivo, priorizando aquellos afines al Gobierno de Pedro Sánchez y reduciendo los fondos destinados a medios críticos.
Esta medida forma parte del plan de regeneración democrática y llega tras la aprobación, en diciembre de 2024, de ayudas por 125 millones de euros para la digitalización de medios, la mitad destinada a diarios impresos. Además, incluye un anteproyecto de ley que obliga a usuarios de redes sociales con más de 100.000 seguidores a publicar desmentidos sobre informaciones falsas o inexactas.
La última fase de este proceso se concentra en la publicidad institucional, con una reforma de la Ley de Publicidad para introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en la asignación de estos recursos. El Gobierno también busca asegurarse de que los sistemas de medición de audiencias cumplan con principios como la imparcialidad, la comparabilidad y la verificabilidad.
El objetivo de Moncloa es, por un lado, reforzar el control sobre la publicidad de los ministerios y organismos dependientes de la Administración central, y por otro, limitar la concesión de estos recursos a los medios que no están alineados con el PSOE, especialmente en las autonomías y ayuntamientos que no están bajo su influencia. El Gobierno argumenta que los medios críticos, algunos de los cuales acusa de difundir bulos, reciben financiación de la oposición y que reducir su acceso a la publicidad institucional contribuiría a frenar las informaciones hostiles.
Un punto clave de esta estrategia es el fortalecimiento de la central de medios propia, creada en 2024 bajo la dirección de José Manuel Nevado, que depende directamente de la Secretaría de Estado de Comunicación. A través de esta central, Moncloa podrá gestionar todas las campañas de publicidad estatal y asegurarse de que los recursos se distribuyan conforme a sus nuevos criterios, con un enfoque en parámetros como suscriptores y sostenibilidad (ESG). Esto implicaría un cambio en la forma de adjudicar los fondos, con la intención de premiar a medios que hayan realizado avances en sostenibilidad.
Con esta reforma, el Gobierno pretende tener un control más centralizado sobre la distribución de la publicidad institucional, utilizando métricas cualitativas, como la segmentación de audiencias, que podrían beneficiar a medios que habitualmente no acceden a este tipo de recursos. El objetivo es garantizar que el dinero público se reparta de acuerdo con los intereses y objetivos del Ministerio de la Presidencia.
