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Publicidad sobre criptoactivos: la CNMV da las primeras claves sobre su regulación

La CNMV, el organismo encargado de crear una regulación para la publicidad de criptoactivos en España, acaba de poner en marcha una consulta pública sobre los principales aspectos de la futura normal. Aunque se trata de una acción previa a la redacción del texto, ya nos revela las líneas maestras de una normativa destinada, principalmente, a proteger a los pequeños inversores de técnicas publicitarias que incentiven la inversión en criptoactivos sin aportar la información necesaria para conocer los productos y sus riesgos.

La consulta llega en un momento en el que la importancia de las criptomonedas y otros criptoactivos en el sistema financiero no deja de crecer, con empresas como Visa o Paypal aceptándolos como forma de pago iy dándoles así legitimidad. Estos vehículos están siendo ofrecidos por sus operadores a clientes de todos los tipos, tanto profesionales como pequeños inversores, cuando en realidad se trata de activos complejos de entender, con una alta volatilidad y con el peligro de una potencial falta de liquidez. Y estas son precisamente las razones que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) argumenta para defender la necesidad de una norma que regule su publicidad, ya que actualmente no existe un marco regulatorio europeo específico.

Como primera paso, la CNMV ha abierto una la consulta pública sobre la futura norma: organismos del sector y personas especialmente afectadas por el nuevo texto podrán enviar comentarios hasta el 16 de abril a la dirección de correo electrónico fintech@cnmv.es. La consulta es ya de por sí muy interesante porque revela los aspectos que se están considerando para la regulación.

¿Qué se define como «criptoactivo»?

En el texto que presenta la consulta, la CNMV define los criptoactivos como “representaciones digitales de valor o derechos que pueden transferirse y almacenarse electrónicamente, mediante la tecnología de registros distribuidos u otra similar”.

Además, deja claro que la consulta se realiza con estos objetivos:

  • Delimitar el ámbito objetivo y subjetivo de aplicación de la norma.
  • Concretar la actividad publicitaria que debe ser sometida a autorización administrativa previa.
  • Fijar las herramientas y procedimientos que se emplearán para hacer efectiva la supervisión.

La CMNV también aclara que se decanta por un marco normativo concreto y no está considerando en su lugar un código de buenas prácticas. A continuación, la consulta presenta consideraciones sobre el ámbito de la norma y los medios de control administrativos, aspectos sometidos a consulta mediante diversas preguntas.

¿A quién se aplicará la norma?

La CMV está considerando aplicar la norma a la publicidad sobre criptoactivos para potenciales inversores en España, con la intención de dejar fuera de la misma a los vehículos que son simplemente un medio de pago y a los tokens no fungibles (conocidos por NFT en sus siglas en inglés). Las empresas que deberán acatar la norma serán los proveedores de servicios de criptoactivos, sean del país que sean, y las empresas de publicidad y marketing que ejecuten la publicidad.

La pregunta que la consulta realiza a este respecto es:

  • “¿Considera que el ámbito objetivo y subjetivo de aplicación es adecuado? ¿Qué elementos deberían incluirse y excluirse?”.

Controles a los que estarán sujetos los anunciantes

La CNMV está valorando controles previos o posteriores a la publicidad en función de las características de la campaña.

La propuesta es que las campañas masivas dirigidas al público general en medios de comunicación, soportes físicos o ciertos medios virtuales necesiten autorización administrativa previa o al menos estén adscritas a un régimen de comunicación previo. Es decir, las campañas dirigidas al público general y no especializado, sobre las que la CNMV considera necesario un mayor control, serán las que se regulen antes de su lanzamiento.

El resto de las acciones publicitarias, sin que se definan más exactamente, serían revisadas por la CNMV a posteriori, de manera que el organismo podría requerir su cese o modificación si fuera necesario.

La pregunta sobre este apartado es:

  • ¿Considera adecuado requerir autorización previa solo para determinadas campañas masivas? ¿En qué casos considera que debería aplicarse tal diferenciación?»

Advertencias sobre riesgos

La circular establece que “la publicidad deberá ser clara, equilibrada, imparcial y no engañosa”, sobre todo en los aspectos de rentabilidades y costes. Además, las campañas deberán incluir obligatoriamente advertencias sobre riesgos de inversión, tanto en la propia comunicación publicitaria como en documentación auxiliar más extensa y específica.

Las preguntas relacionadas con este aspecto son dos:

  • «A efectos de cumplir con los objetivos de claridad y contenido, ¿qué elementos considera más relevantes?»
  • «En relación con los riesgos, ¿qué elementos considera debería incluir el texto de advertencia obligatoria? ¿Está de acuerdo en que este texto se incluya de forma obligatoria y tasada, con formato y posición que garantice su relevancia dentro de la pieza publicitaria? En caso contrario, justificar».

Definición de procedimientos

Además, la norma final tendrá que detallar los procedimientos y plazos para recabar información a las compañías, exigir el cese o rectificación y proceder a las sanciones cuando resulte necesario. Se baraja además que el plazo de los sujetos investigados para entregar toda la información necesaria no sea superior a tres días, aunque podría variar en función de la campaña publicitaria.

Las preguntas sobre este apartado son:

  • ¿Está de acuerdo en el enfoque general de actuación para el régimen de supervisión, así como en la necesidad de disponer de la capacidad de actuar con la agilidad necesaria?
  • ¿Qué elementos deberían tenerse en cuenta para facilitar la actuación supervisora de la CNMV?
  • ¿Qué otros elementos considera relevantes para el desarrollo de la Circular sobre la publicidad de criptoactivos?

La realización de esta primera consulta pública es una obligación legal que precede a la redacción de la norma concreta, que a su vez se comunicará en una Circular que volverá a ser sometida a consulta pública.

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