La multa europea a AliExpress ha abierto un nuevo frente entre China y la Unión Europea en torno al control del comercio electrónico transfronterizo. Pekín ha criticado con dureza la decisión de la Comisión Europea de sancionar a la plataforma con 550 millones de euros por incumplir sus obligaciones bajo la Ley de Servicios Digitales, conocida como DSA, en relación con la venta de productos ilegales, inseguros o falsificados.
El Ministerio de Comercio chino ha trasladado su malestar por la sanción y ha acusado a Bruselas de utilizar la regulación de plataformas como una vía para levantar barreras digitales. Según el Gobierno chino, la Unión Europea debería tratar a las empresas del país con equidad y evitar medidas que, a su juicio, restringen de forma discriminatoria la actividad normal de las compañías chinas de comercio electrónico en el mercado europeo.
La reacción llega después de que Bruselas concluyera que AliExpress no había adoptado medidas suficientes para evaluar y reducir los riesgos asociados a su marketplace. La Comisión Europea sostiene que la plataforma no actuó con la diligencia exigida para limitar la presencia de artículos problemáticos en su ecosistema, entre ellos productos falsificados, juguetes inseguros, cosméticos peligrosos y otros bienes ilegales o dañinos.
El expediente no se limita a la retirada de productos. Bruselas también cuestiona los sistemas internos de control de AliExpress, incluida la capacidad de moderación, la detección de artículos fraudulentos que reaparecen con formatos similares y la forma en que los sistemas de recomendación o publicidad podían dar visibilidad a productos peligrosos antes de su retirada. Además, la Comisión considera que la plataforma permitió que algunos productos siguieran disponibles durante semanas incluso después de haber sido identificados como ilegales o inseguros.
La compañía deberá presentar antes del 20 de octubre un plan de acción con medidas correctoras para evaluar y mitigar los riesgos sistémicos de su actividad. Si Bruselas considera que ese plan es insuficiente o si el incumplimiento continúa, AliExpress podría exponerse a una sanción mayor.
El caso tiene especial relevancia para el sector del comercio electrónico porque refuerza la idea de que los grandes marketplaces no pueden limitarse a actuar como intermediarios tecnológicos. La DSA exige a las plataformas de gran tamaño una supervisión más activa de los riesgos que generan sus servicios, especialmente cuando afectan a la seguridad de los consumidores, a la venta de productos prohibidos o a la protección de menores.
China, por su parte, ha señalado que apoyará a sus empresas si deciden acudir a la vía legal para defender sus derechos. También ha advertido de que adoptará medidas para proteger sus intereses, lo que eleva la tensión en un momento en el que la relación comercial entre Bruselas y Pekín ya acumula fricciones en varios frentes.
Para plataformas como AliExpress, Temu o Shein, el mensaje europeo es claro: crecer en el mercado comunitario implica asumir obligaciones más estrictas de trazabilidad, control de vendedores, retirada de productos ilegales y transparencia. La disputa con China muestra que la regulación del comercio electrónico se ha convertido también en una cuestión geopolítica.