Un total de 37 fiscales generales de los Estados Unidos presentaron este miércoles una demanda antimonopolio multiestatal contra Google, acusando a la compañía de abusar de su poder de mercado con su Play Store para reprimir a la competencia y obligar a los consumidores a realizar pagos in-app que otorgan a la empresa grandes ingresos por sus comisiones.
Tal y como recoge el portal TechCrunch, la demanda es liderada por la procuradora general del estado de Nueva York, Letitia James, junto con los fiscales generales de Tennessee, Carolina del Norte y Utah. La coalición bipartidista representa a 36 estados de los Estados Unidos, incluidos California, Florida, Massachusetts, Nueva Jersey, New Hampshire, Colorado y Washington, así como el Distrito de Columbia.
«A través de su conducta ilegal, la compañía se ha asegurado de que cientos de millones de usuarios de Android recurran a Google, y solo a Google, para los millones de aplicaciones que pueden elegir descargar en sus teléfonos y tabletas», dijo James en un comunicado de prensa. «Peor aún, Google está exprimiendo el alma de millones de pequeñas empresas que solo buscan competir».
La justicia estadounidense ya demandó a Google por monopolio a finales del año pasado
En octubre del año pasado, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó su propio caso antimonopolio centrado en los servicios de búsqueda de Google. Dos meses más tarde, 35 estados del país presentaron una demanda antimonopolio separada contra Google, alegando que la compañía se involucró en un comportamiento ilegal para mantener un monopolio en el negocio de las búsquedas en Internet.
En la nueva demanda, la coalición de estados, que cuenta con el apoyo tanto de demócratas como de republicanos, alega que Google utiliza advertencias de seguridad «engañosas» para mantener a los consumidores y desarrolladores dentro de su terreno cercado: la Google Play Store. Pero la esencia del caso sea probablemente las comisiones que la compañía cobra a los desarrolladores de aplicaciones de Android.
«Google no solo ha actuado ilegalmente para impedir que sus rivales potenciales compitan con su Google Play Store, sino que se ha beneficiado al cercar de manera inapropiada a los desarrolladores de aplicaciones y a los consumidores en su propio sistema de procesamiento de pagos y luego cobrar tarifas elevadas», dijo el fiscal general del Distrito de Columbia, Karl Racine.
Apple no se queda atrás
Si bien la demanda analiza el «poder monopolístico» de Google en el mercado de aplicaciones, las miradas están puestas también en Apple, la competencia directa de Google en el espacio del software móvil. La demanda argumenta que los consumidores se enfrentan a la presión de permanecer encerrados en el ecosistema de Android, pero eso es algo que también se reproduce en el ecosistema de aplicaciones de Apple.
Al igual que Apple, Google agrupa todo el procesamiento de pagos de aplicaciones en su propio servicio, Google Play Billing, y obtiene a cambio una comisión del 30% de todos los pagos. Gran parte de las críticas que ha recibido se podrían realizar de igual manera contra Apple, que ejerce aún más control sobre su propio ecosistema de aplicaciones. Por ejemplo, Google no tiene una aplicación exclusiva equivalente a iMessage que restrinja la libertad de elección de los usuarios de la misma manera.
El estruendo sobre los gigantes tecnológicos que exprimen a los desarrolladores de aplicaciones con altas comisiones en sus ingresos es cada vez más fuerte. La nueva demanda multiestatal estadounidense es la última, pero el tema ha sido candente desde que Epic Games llevó a Apple a los tribunales por su deseo de evitar las comisiones de Apple, habilitando para ello un sistema de pagos fuera de la App Store. Cuando Epic Games estableció una solución alternativa, Apple la echó de la App Store y surgió el conflicto legal que aún continúa a día de hoy.
Según se pudo saber hace poco, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ya está investigando las prácticas de la tienda de aplicaciones de Apple junto con muchos fiscales generales estatales, que podrían iniciar una demanda por separado contra la empresa en cualquier momento.
