En apenas unos años, España ha pasado de ser un actor periférico en el mapa europeo de infraestructuras de computación a convertirse en uno de los destinos preferidos de las grandes tecnológicas para instalar centros de datos. La razón no es casual: la combinación de recursos energéticos renovables, conectividad internacional y capacidad de cómputo disponible ha creado un ecosistema capaz de atraer inversión a gran escala y generar actividad económica sostenida.
El doble atractivo: energía renovable y conectividad internacional
El argumento central de este atractivo es energético. España cuenta con una de las matrices eléctricas más renovables de Europa, con abundante generación solar y eólica y terreno disponible para seguir desarrollándola. Esa disponibilidad ha convertido al país en uno de los destinos preferidos de las tecnológicas para desplegar infraestructura de inteligencia artificial, hasta el punto de que Madrid y su entorno concentran ya varios proyectos de gran envergadura.
Las cifras del sector confirman esta tendencia. Según el informe anual 2025 de SpainDC, la Asociación Española de Centros de Datos, si el ritmo actual se mantiene, España podría captar 66.900 millones de euros de inversión directa e indirecta entre 2026 y 2030, multiplicando por seis su capacidad instalada hasta los 2.537 MW, con un impacto anual en el PIB que llegaría a los 7.300 millones de euros al final de la década. Ese mismo informe sitúa a España como alternativa emergente frente al histórico eje europeo de centros de datos —Fráncfort, Londres, Ámsterdam, París y Dublín—, conocido como FLAP-D.
Algunos proyectos ya son tangibles: Amazon ha anunciado inversiones por 33.700 millones de euros, Iberdrola desarrolla el proyecto Echelon con 2.500 millones de euros, y en Aragón la compañía amplía su capacidad en 300 MW adicionales, mientras Microsoft avanza en Madrid y Google en Barcelona, sumando cerca de 1 GW en cartera.
España ha recuperado protagonismo como nodo de conectividad internacional tras años de pérdida de capacidad frente a Francia y Portugal. Un hito relevante fue la llegada en 2017 del cable submarino MAREA, de 6.600 kilómetros, que conecta Virginia Beach (Estados Unidos) con Sopelana (País Vasco) y que en su momento fue el cable transatlántico de mayor capacidad construido, con un ancho de banda inicial estimado de 160 Tbps, según Microsoft News. Este tipo de infraestructuras ha permitido a España interconectarse con los principales puntos de tráfico europeos —Fráncfort, Londres, Ámsterdam o París— y reposicionarse en el mapa de cables submarinos tras 15 años de pérdida de capacidad frente a sus vecinos.
A esta conectividad transatlántica se suma la posición geográfica de la península ibérica como puerta natural entre Europa, América, África y Asia, lo que ha llevado a diferentes operadores a construir y ampliar centros de aterrizaje de cables en España.
El reto regulatorio de los centros de datos en España: sostenibilidad sin frenar la inversión
El crecimiento del sector ha llevado al Gobierno a plantear una nueva regulación para los centros de datos. El 27 de agosto de 2026, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) abrió a audiencia pública un proyecto de Real Decreto que establece nuevos requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital para los centros de datos de más de 1 MW en España. Entre las medidas más exigentes figura la obligación de que los operadores cubran al menos el 80% de su consumo eléctrico con fuentes renovables hora a hora, y no mediante un balance anual, utilizando para ello autoconsumo o contratos PPA. Se trata de un requisito que eleva considerablemente las exigencias sobre el suministro energético de estas instalaciones y que podría tener un impacto relevante en sus costes y en la planificación de nuevos proyectos.
El Ejecutivo defiende que la nueva regulación pretende garantizar la sostenibilidad de los centros de datos, evitar que su creciente demanda energética termine repercutiendo sobre la factura eléctrica de los consumidores y reforzar la soberanía digital, asegurando que los datos españoles y europeos permanezcan bajo jurisdicción comunitaria. Sin embargo, el proyecto ha provocado una fuerte reacción del sector, que considera que la acumulación de requisitos —entre ellos, el objetivo de cubrir con nueva generación renovable al menos el 80% del consumo eléctrico hora a hora— puede hacer inviables numerosos proyectos. SpainDC sostiene que, si el texto se aprobara en sus términos actuales, entre el 80% y el 90% de la nueva inversión susceptible de elegir España como destino podría quedar en riesgo, mientras que la patronal cifra en unos 67.000 millones de euros la inversión que podría verse comprometida. Ante estas advertencias y el ultimátum del sector, el Gobierno ha reconocido la necesidad de revisar la propuesta y se ha mostrado dispuesto a negociar un texto que considere “equilibrado”.
El debate de fondo, señalan varios analistas del sector, no es elegir entre renovables y centros de datos en España, sino evitar que la energía limpia se produzca aquí mientras la inversión tecnológica y la capacidad de IA se instalan al otro lado de la frontera. Red Eléctrica ya advertía en febrero de 2026 de que solo en la red de transporte había 11,8 GW de capacidad concedida a nueva demanda todavía sin conectar, además de 7,1 GW ya en servicio, lo que explica la necesidad de planificación, aunque también el riesgo de cuellos de botella.
España reúne hoy los tres ingredientes que buscan los grandes operadores de infraestructura digital: energía renovable abundante, conectividad internacional reforzada y una demanda de capacidad de cómputo en expansión constante. El reto de los próximos años no será atraer proyectos —eso ya está ocurriendo— sino diseñar un marco regulatorio que garantice sostenibilidad sin desincentivar la inversión que el propio país quiere consolidar.
