Desde el 28 de junio de 2025, todos los servicios digitales en España deberán ser accesibles para personas con discapacidad, en cumplimiento de la Ley 11/2023, que transpone la Directiva Europea 2019/882. La norma afecta a sitios web, aplicaciones móviles, plataformas de ecommerce, servicios bancarios, transporte, atención al cliente y dispositivos como cajeros automáticos y terminales de autoservicio.
La ley impone requisitos técnicos basados en los estándares europeos de accesibilidad, como la norma EN 301 549 y las directrices WCAG 2.1 en nivel AA. La adaptación será inmediata para los nuevos servicios lanzados desde el 28 de junio, mientras que los sistemas existentes tendrán un periodo de transición hasta 2030. No obstante, se prevé la continuidad de ciertos dispositivos no conformes hasta el final de su vida útil, si existe justificación técnica o económica.
Las empresas deberán garantizar la accesibilidad de toda la experiencia digital, desde el diseño visual y la navegación hasta el acceso a formularios, medios de pago o sistemas de verificación. También estarán obligadas a mantener durante cinco años una declaración de conformidad accesible públicamente, así como documentación técnica que acredite el cumplimiento de la ley.
El régimen sancionador contempla multas que pueden alcanzar los 90.000 euros en casos de incumplimiento. Además, las organizaciones de defensa de los derechos de las personas con discapacidad podrán presentar denuncias, que serán tramitadas por las comunidades autónomas.
La norma sitúa en el punto de mira a sectores como el comercio electrónico, los medios de comunicación, las fintech o las plataformas de contenidos, que deberán adaptar tanto su interfaz como los flujos de interacción a las nuevas exigencias. Expertos del sector tecnológico y legal coinciden en señalar que muchas empresas aún no están preparadas y que los próximos meses serán determinantes para evitar sanciones y pérdidas reputacionales.
Más allá del cumplimiento legal, la accesibilidad digital se presenta como una oportunidad estratégica. En España hay más de 4,3 millones de personas con alguna discapacidad, a las que se suman usuarios mayores o con necesidades temporales. Adaptar los servicios digitales puede permitir a las marcas ampliar su audiencia y fortalecer su imagen como organizaciones inclusivas y comprometidas.
En paralelo al despliegue normativo, diversas entidades como la Fundación VASS y consultoras especializadas han lanzado programas de formación y auditoría de accesibilidad, ante la creciente demanda de adaptación técnica y cultural en el tejido empresarial.
La entrada en vigor de esta ley marca un punto de inflexión para el ecosistema digital en España, donde la accesibilidad deja de ser una opción para convertirse en una exigencia legal, ética y competitiva.
