El sector del videojuego español continúa consolidando su posición como una industria estratégica y en plena expansión. Según la última edición del Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos, publicada por la Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento (DEV), la industria alcanzó en 2023 una facturación de 1.425 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 3,1% respecto al año anterior. Un dato especialmente significativo es que el 56% de estos ingresos proviene de mercados internacionales, liderados por Europa (26%) y Norteamérica (22%).
Este impulso global ha sido posible, en gran parte, gracias a las acciones conjuntas entre el sector privado y las Administraciones Públicas. Iniciativas como el programa España, Hub Audiovisual de Europa, promovido por el Gobierno desde 2021, han permitido ampliar la presencia del videojuego español en mercados estratégicos como Estados Unidos y Asia. Solo el ICEX ha coordinado más de 50 acciones de promoción internacional, contribuyendo a establecer redes de contactos con editores e inversores de todo el mundo.
A pesar de estos avances, el sector advierte que todavía existen desafíos que pueden frenar su potencial de crecimiento. Desde DEV se insiste en la necesidad urgente de implementar deducciones fiscales específicas para las inversiones en desarrollo de videojuegos, una medida ya adoptada en países como Francia, Italia, Bélgica, Reino Unido o Países Bajos. Según estimaciones del propio informe, este tipo de incentivos podría multiplicar por cuatro la facturación del sector y duplicar el empleo directo.
En 2023, el sector generó 10.259 empleos directos, un 10% más que el año anterior. Las previsiones de crecimiento estiman que esta cifra podría alcanzar los 12.822 puestos en 2027, si se mantienen las condiciones de apoyo y financiación. Las pequeñas y medianas empresas siguen siendo la columna vertebral de esta industria: el 68% de los estudios cuenta con menos de diez trabajadores, y solo un 10% necesita más de 600.000 euros para desarrollar sus proyectos, lo que dificulta el acceso a inversión internacional, según reconocen desde el ICEX.
El sector también pide a las plataformas de distribución —especialmente a las grandes multinacionales— que establezcan compromisos voluntarios de inversión en producción nacional. A ello se suman otras demandas, como el fomento de la incorporación de jóvenes profesionales al mercado laboral, con especial atención a la mujer, a través de programas de prácticas, bonificaciones sociales y políticas activas de igualdad.
Durante la presentación del informe, representantes del Gobierno reafirmaron su apuesta por el sector. Carla Redondo, directora general de Ordenación de los Servicios de Digitalización y de Comunicación Audiovisual, destacó que el videojuego ha dejado de ser una industria incipiente para convertirse en un sector maduro y estratégico para el crecimiento del país. En este sentido, el Ejecutivo trabaja en mecanismos de financiación como préstamos e inversiones de capital —con tickets mínimos de 500.000 euros— pero descarta por ahora nuevas subvenciones directas, al considerar que se trata de una industria capaz de sostenerse con modelos de negocio rentables.
Por su parte, la subsecretaria de Cultura, Carmen Páez, subrayó el impacto social y cultural del videojuego, con una audiencia estimada de 22 millones de jugadores en España. También puso en valor los cinco millones de euros destinados en 2024 a ayudas directas al sector, que han beneficiado a más de 320 estudios en los últimos años.
Iniciativas regionales como Madrid in Game o el nuevo Hub Audiovisual de Murcia son otros ejemplos del compromiso institucional con el desarrollo del sector. Estas plataformas buscan no solo potenciar la industria local, sino también servir como polos de innovación, formación y atracción de talento.
El videojuego español, con una sólida base creativa y una propiedad intelectual que en el 88% de los casos pertenece a los propios estudios, afronta el reto de profesionalizar aún más su estructura y competir en igualdad de condiciones con otros países europeos. La colaboración público-privada y la implementación de políticas fiscales adecuadas marcarán la diferencia entre un crecimiento sostenido y una oportunidad desaprovechada.
