La mayoría de los responsables de ciberseguridad cree que sus empresas han sido objetivo de ciberataques respaldados por los estados. Así lo refleja un informe de Trellix, que pone de manifiesto que este tipo de incidentes no siempre son provocados por organizaciones al margen de la ley, sino que algunos se realizan bajo el paraguas de sus respectivos gobiernos.
Con la guerra de Ucrania, esta posibilidad es más evidente que nunca, pero se trata de un escenario que se lleva gestando desde hace mucho tiempo. En 2021, un estudio de HP aseguraba que estas actividades aumentaron un 100% entre 2017 y 2020.
Para algunos, la pandemia dio lugar a las condiciones idóneas para que se produjera un aumento sin precedentes en los ataques cibernéticos en nombre de distintos estados-nación, que llegaron incluso a intentar obtener datos de propiedad intelectual sobre vacunas.
Ahora, un informe de Trellix vuelve a insistir en el asunto y demuestra que el temor de las empresas con respecto a esta cuestión es más palpable que nunca. Para ello, ha encuestado a 800 profesionales de ciberseguridad de TI de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Japón, India y Australia. Como vemos, España no ha sido uno de los países analizados, pero la muestra elegida es lo bastante variada como para tener en cuenta sus implicaciones a nivel global.
“Si bien los atacantes pueden ser ciberdelincuentes, piratas informáticos independientes, o gobiernos, los estados-nación y sus apoderados criminales son los más peligrosos porque son los más capaces, con mejores recursos y más persistentes. Muchos de los eventos de alto perfil en los últimos años involucraron a actores estatales, ya sea actuando directamente, utilizando proxies o permitiendo que los ciberdelincuentes operar desde su territorio” explican desde la compañía de ciberseguridad.
Solo una pequeña parte de las empresas es capaz de diferenciar un ataque estatal de uno que no lo es
Según sus resultados, la mayoría de los encuestados considera la posibilidad de que sus empresas pueden haber sido víctimas de un ataque apoyado por un estado-nación. Para ser más precisos, el 74% cree que un actor estatal apuntó a su organización en los 18 meses anteriores a la encuesta y el 18% prevé que esto se puede convertir en un problema en el futuro. Por el contrario, menos de una de cada diez compañías piensan que no son un objetivo para dichos actores.
A pesar de ello, aún hay algunas organizaciones (10%) que no cuentan con una estrategia de ciberseguridad adecuada para hacer frente a esta situación. Sin embargo, las que sí lo hacen, están mejor preparadas, ya que son capaces de diferenciar entre incidentes cibernéticos respaldados por el estado y otros actores; aunque, lamentablemente, las cifras siguen siendo bastante reducidas: tan sólo el 27% de los encuestados confían plenamente en que las empresas en las que trabajan pueden hacer esa distinción.
Estos son los principales sospechosos y sus motivos
Con respecto a los países atacantes, la mayor parte de los responsables de ciberseguridad de las organizaciones afectadas apunta sobre todo a Rusia y China, pero otros también señalan a Corea del Norte, Irán y a algunos gobiernos occidentales.
No obstante, también indican que es difícil determinar la verdadera autoría de estos ciberataques. Por ello, el 90% de los encuestados piensan que su propio gobierno debería proporcionales el apoyo y los recursos necesarios para prevenir los riesgos, abordar el problema y esclarecer los hechos.
Por lo general, los motivos para llevar a cabo estos ataques amparados por los gobiernos no coinciden con los de los ciberdelicuentes. Y es que, mientras el objetivo prioritario de estos últimos es conseguir beneficios económicos, los primeros están más centrados en robar información confidencial o interrumpir servicios esenciales. Aun así, se estima que el coste medio para sus víctimas asciende a más de 1 millón de dólares por incidente.
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