La Cumbre del G20, celebrada recientemente en Venecia ha dejado dos grandes titulares. Por un lado, se ha aprobado definitivamente el impuesto mínimo global del 15% a las grandes multinacionales con el objetivo de lograr una política tributaria más justa. Por otro, han desestimado la aplicación de la tasa digital para los gigantes tecnológicos.
Hace un mes, el G7 y la Unión Europea planteaban estas nuevas normas para hacer frente a los paraísos fiscales y el dumping fiscal; es decir, los beneficios que conlleva tributar en países con bajos impuestos. En esos momentos, sólo se trataba de propuestas que debían ser ratificadas, pero, por fin, el momento ha llegado. En la última reunión de los grandes mandatarios de todo el mundo, sólo se ha llegado a un acuerdo sobre el impuesto mínimo global, mientras que la aplicación de una tasa digital común no ha conseguido llegar a buen puerto (al menos de momento).
«Se trata de una nueva arquitectura de la tributación para el siglo XXI. Es una excelente noticia para todas las naciones del planeta», comentó Bruno Le Maire, el ministro de Economía francés, en relación al impuesto mínimo global.
EE.UU. pone freno a la tasa digital
Si bien la tasa digital contó con la aprobación de la mayoría de los miembros del G20, finalmente, fue desestimada por considerarse “discriminatoria para las empresas estadounidenses”, como señaló Janet Yellen, secretaria del Tesoro de ese país.
Con esa tasa digital, se pretendía que las grandes compañías tecnológicas, como Google, Amazon, Apple o Facebook, no sólo pagasen impuestos en los países donde tienen sus sedes, sino también en todos aquellos en los que obtuvieran beneficios. No obstante, la propuesta ha caído en saco roto. Yellen solicitó a los participantes en la Cumbre que “finalizaran rápidamente el acuerdo” y se abstengan de instaurar medidas similares en el futuro, como bien informa en el medio francés RFI.
Como declaró la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, la aprobación de esa tasa digital podría poner en riesgo los acuerdos con respecto al impuesto mínimo global. Así que, en resumidas cuentas, los países impulsores de la idea han tenido que recular para conseguir el apoyo del gobierno de Biden en esa cuestión. Como consecuencia, España, Francia e Italia, donde ya se ha establecido una tasa digital, se han comprometido a anularla una vez que se alcance el acuerdo sobre el impuesto mínimo global del 15%.
El impuesto mínimo global entrará en vigor en 2023
Como acabamos de mencionar, si no fuera por la supresión de la tasa digital impuesta por Estados Unidos, es posible que la idea del impuesto mínimo global no hubiera llegado a materializarse con éxito o, al menos, sin que las relaciones diplomáticas con el país americano se vieran afectadas.
Sin embargo, también hay otros detractores de la nueva norma fiscal dentro de Europa. Hungría, Estonia e Irlanda, país que suele asociarse con una baja presión fiscal, rechazaron la propuesta, pero su veto no impedirá que se acabe aplicando.
Por el contrario, algunos países como Francia, Estados Unidos y Alemania defendían tasas superiores al 15%, así que las condiciones del acuerdo todavía podrían cambiar. Todo deberá estipularse completamente en su próxima cita en octubre para que la ley pueda entrar en vigor a partir de 2023.
¿Cómo se aplicará y a quién le afectará?
Con el impuesto mínimo global, se pretende construir una política fiscal internacional “más estable y justa”, independientemente del lugar en el que una multinacional decida establecer su sede. Una vez que comience a aplicarse la nueva ley, los paraísos fiscales tendrán los días contados.
Si una empresa opera en países con baja presión fiscal, sus impuestos se ajustarán hasta alcanzar ese mínimo del 15%. Esto no significa que el porcentaje sea el mismo en todos los países, sino que si, por ejemplo, una empresa tiene actividad en paraísos fiscales con una tasa impositiva del 5%, tendrá que pagar una tasa adicional del 10% en su país de origen, alcanzando así el mínimo establecido.
No obstante, esta medida afectará a menos de 10.000 grandes empresas. Sólo tendrán que cumplir con la nueva política fiscal, aquellas cuyos ingresos anuales superen los 750 millones de euros. Se estima que los países dejan de recaudar más de 358.000 millones de euros en impuestos cada año, por lo que esta medida está destinada a reducir significativamente esa cifra.
