El expresidente de los Estados Unidos Donald Trump ha anunciado una serie de demandas colectivas contra Facebook, Twitter y YouTube, empresa subsidiaria de Google, así como contra los directores ejecutivos de las compañías: Mark Zuckerberg, Jack Dorsey y Sundar Pichai, respectivamente.
El anuncio de las demandas se produce seis meses después de que Trump fuera suspendido temporal o permanentemente de las tres plataformas tras el asalto al Capitolio de los Estados Unidos, que tuvo lugar el pasado 6 de enero.
Tal y como recoge The Verge, Trump anunció ayer las demandas en una conferencia de prensa, tras un informe preliminar de Axios. El expresidente estadounidense se refirió a los casos como «un punto de inflexión muy importante para nuestro país».
Las afirmaciones se basan aparentemente en una combinación de argumentos legales en su mayoría no probados o desestimados, y se producen después de muchos otros intentos fallidos de demandar a las compañías de redes sociales por las diversas suspensiones u otras formas de moderación de contenido.
Trump alega tratar de defender la libertad de expresión con estas demandas
Las quejas alegan que las empresas violaron la Primera Enmienda estadounidense al suspender a Trump y a otros usuarios de sus redes, un argumento que los tribunales generalmente han ignorado, dictaminando abrumadoramente que la Primera Enmienda tiene como objetivo limitar la censura del Gobierno, no a las empresas privadas. Sus intenciones legales están respaldadas por el America First Policy Institute, un grupo de defensa fundado por exfuncionarios de Trump.
Las demandas de Trump buscan a todos aquellos usuarios, incluidos los contrarios a su ideología, que hayan tenido una cuenta «restringida o limitada erróneamente» en Facebook, Twitter o algún servicio de Google.
Estas solicitan a los tribunales que declaren inconstitucional la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones. Sin embargo, Trump citó paradójicamente en su conferencia de prensa la Sección 230 como una justificación legal para demandar a las empresas, diciendo incorrectamente que «una vez que se acogen a la Sección 230, no son empresas privadas».
La afirmación también desafía aparentemente a los propios términos de servicio de las redes sociales, quejándose de que Facebook, por ejemplo, «condicionó expresamente» el uso de aceptar «restricciones de expresión impuestas por Facebook».
Trump describió la demanda colectiva como un intento de evitar que las empresas violen las leyes que defienden la libertad de expresión en los Estados Unidos. «No estamos buscando un acuerdo. No esperamos un acuerdo», dijo Trump en respuesta a una pregunta durante la conferencia de prensa, sugiriendo que las empresas podrían ser responsables de «billones de dólares potenciales» en daños, «una cifra nunca antes vista».
Los tribunales estadounidenses suelen respaldar a las redes sociales en este tipo de demandas
En Twitter, el abogado y redactor jurídico Eric Goldman citó un documento que se publicará próximamente en el que los tribunales estadounidenses, casi unánimemente, se ponen del lado de las plataformas de redes sociales cuando los usuarios demandan por una prohibición.
I have a paper coming very soon which analyzed 61 prior lawsuits by users over having their account terminated or content removed. A snippet: pic.twitter.com/PbE5Z5SvCz
— Eric Goldman (he/him) (@ericgoldman) July 7, 2021
Los jueces han desestimado no solo las demandas de los usuarios conservadores, sino también las que alegan discriminación basada en clases protegidas, como en una demanda recientemente desestimada contra Google, en la que algunos creadores de contenido negros acusaron a la compañía de suprimir o desmonetizar algunos de sus vídeos por motivos raciales. Los usuarios han prevalecido en casos raros en los que la censura no la realizan las plataformas, sino las agencias gubernamentales y los políticos que las utilizan, incluido el propio Trump.
Las demandas sugieren que Facebook, Twitter y Google se convirtieron en actores estatales no solo porque poseen poderosas plataformas para albergar discursos, sino también porque los miembros del Congreso estadounidense los convocaron a varias audiencias y los instaron a eliminar categorías específicas de contenido, incluida la desinformación y la incitación a la violencia (motivos por los que Trump fue suspendido de dichas redes sociales). No hay un precedente legal en Estados Unidos para el uso de esta práctica común, a la que las demandas se refieren como «coacción legislativa», como justificación para castigar a las propias empresas.
Trump también acusa a las plataformas de «interacción estrechamente coordinada para restringir la libertad de expresión» con el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci, y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, citando para ello una conversación vía e-mail de marzo de 2020 entre Zuckerberg y Fauci, que tuvo lugar durante la presidencia de Trump.
