La Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, el instrumento legislativo que graba las actividades de las grandes empresas de servicios digitales y que es coloquialmente conocido como Tasa Google, entra en vigor este sábado 16 de enero. Pero, por retrasos en su desarrollo reglamentario, Hacienda tiene previsto que la primera liquidación se realice más tarde de lo esperado.
Así lo informa el diario Expansión: la primera liquidación de la tasa Google estaba prevista para el 30 de abril, pero los retrasos en la preparación de los reglamentos, las Órdenes con modelos de la declaración y la implantación de las plataformas informáticas necesarias hará imposible el cobro en esa fecha. Por las mismas razones también se ha visto afectada la Tasa Tobin, que graba determinadas transacciones financieras, y que tampoco podrá liquidarse en la fecha prevista, que en este caso era el 22 de febrero.
No obstante, este retraso en la liquidación no exhime del pago de estos impuestos. Fuentes de Hacienda han confirmado a Expansión que en este mismo ejercicio se cobrarán todos los pagos previstos, así que no afectará a la recaudación de 2021.
Un impuesto para las multinacionales digitales
El Ministerio de Hacienda tiene previsto recaudar anualmente unos 970 millones de euros gracias a la tasa Google. Esta ley graba servicios digitales como la publicidad online, la venta de datos de usuarios y los servicios de intermediación que “permitan a sus usuarios localizar a otros usuarios e interactuar con ellos”.
Las empresas con la obligación de pagar el nuevo impuesto son las compañías multinacionales cuya facturación tiene un importe neto anual superior a los 750 millones de euros a nivel global, y cuyos ingresos en España por la prestación de los servicios digitales superan los 3 millones de euros. Estas compañías tendrán que pagar el 3% de los ingresos generados por la prestación de estos servicios en territorio español.
La tasa Google es el resultado del empeño de muchos estados por evitar la evasión fiscal que grandes empresas tecnológicas consiguen tributando las actividades que realizan en determinados países fuera de esos mismos estados, eligiendo para ello otros con una legislación fiscal más laxa.
A la espera de un marco europeo
El Gobierno Español ha implementado unilateralmente la tasa ante la imposibilidad, hasta el momento, de crear una legislación más global que abarque a todos los países de la OCDE, debido principalmente a la negativa de los Estados Unidos de seguir con las negociaciones y amenazar con tomar medidas contra los países que decidieran implantar el impuesto por su cuenta. Unas amenazas que no han frenado los planes de España y otros países europeos como Francia de desarrollar su propia legislación al respecto.
En este sentido, la Unión Europea aseguro en septiembre que, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo en el marco de la OCDE, prepararía su propia propuesta para esta tasa a principios de este año. El nuevo marco legislativo que cree la UE sustituirá a los que han desarrollado individualmente algunos de sus estados, sabedores que de su norma tendría carácter transitorio.
Por su parte, el sector digital se ha mostrado sus disconformidad con la aplicación unilateral de la tasa. Gigantes como Google se han mostrado a favor de esperar a una legislación global salida de la negociación de la OCDE, mientras que portavoces de asociaciones de empresas del sector aseguran que aplicar el impuesto a la facturación es un error, porque hay empresas con márgenes muy estrechos y sería más justo aplicarlo a los beneficios. Por otra parte, algunas empresas, como Netflix, están intentando ajustar su tributación al marco de cada país en el que ejercen su negocio.
